El coordinador territorial de la Unión de Payeses, sindicato agrario organizador de la marcha a pie, en las comarcas de Tarragona, Damià Vernet, manifestó hoy que "aceptamos la regularizaciòn, pero no las sanciones, y la Unión de Payeses representa el 70% de la agricultura y la ganadería de Cataluña. El sector está crispado porque no entiende el posicionamiento del consejero".

Los viticultores catalanes, especialmente los de la zona sur catalana, aceptan pagar las sanciones correspondientes a las viñas a partir del mes de junio de 1988, pero se niegan a pagar por las plantadas después de 1976, tal y como pretende el decreto aprobado por el Departamento de Agricultura, con un pago fraccionado de las sanciones en un período de 10 años.

La respuesta del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Francesc Xavier Marimon, no se hizo esperar, al comentar desd la consejería que la Generalitat no impone las sanciones por la regularización de la viña, sino que esta medida forma parte de la política adoptada por la Unión Europea y por lo tanto, asumida también por el Estado español.

"No está en mi mano lo que pide la Unió de Payeses. En todo caso se tendría que negociar en todo el conjunto del Estado. Les insto a que vean las distintas situaciones existentes al respecto en otras comunidades y se darán cuenta de que Cataluña es la más beneficiosa para el viticltor", agregó Marimon, quien se mostró dispuesto a recibir mañana a los viticultores que se manifiesten ante el Departamento de Agricultura.