Su demanda la elevan tras realizar una auditoría de las estrategias y procesos establecidos en las diferentes jurisdicciones a través del grupo de trabajo o ‘task force’ sobre la Unión Bancaria del llamado Comité de Contacto de la Unión Europea (UE), un foro que facilita la coordinación y cooperación entre el Tribunal de Cuentas Europeo y los organismos nacionales fiscalizadores en los diferentes países.

En el documento, titulado ‘Preparación para la resolución de los bancos medianos y pequeños de la zona euro’ y recogido por Servimedia, han participado además con sus propias auditorías las entidades fiscalizadoras Superiores (EFS) de España, Alemania, Austria, Estonia, Finlandia, los Países Bajos y Portugal, bajo la copresidencia de las EFS de Alemania y de los Países Bajos.

La elaboración del informe, divulgado ahora, arrancó en el año 2018 después de que en el 2016 la Unión Europea pusiese en marcha el llamado Mecanismos Único de Resolución (MUR) para garantizar la resolución eficiente de bancos en quiebra evitando la repetición de la situación del 2008 donde muchos Estados tuvieron que salir a socorrer a sus entidades con dinero de los contribuyentes para evitar un colapso del sistema y las economías.

Con la puesta en marcha del MUR y dentro de la llamada Unión Bancaria se delegó la tarea de resolución en la JUR para los bancos significativos que supervisa directamente el Banco Central Europeo (BCE), quedando la competencia de entidades más pequeñas en manos de los organismos nacionales. Aquí, la autoridad de resolución ejecutiva es el Frob, en coordinación con el Banco de España para la planificación.

“El objetivo de la Unión Bancaria de garantizar que las normas se apliquen de forma coherente y de forma armonizada en los países de la zona del euro no se cumple para las instituciones menos significativas. Hay muchas diferencias en la configuración y la práctica de la planificación de la resolución de entidades menos significativas”, concluye el estudio.

Sus autores denuncian que responde a “la ausencia de una guía clara y completa” sobre la planificación de la resolución cuando las diferentes autoridades nacionales tuvieron que poner en marcha sus propios esquemas, ante el celo mostrado entonces por la JUR para compartir sus procesos.

El organismo lanzó el pasado verano unas orientaciones internas para la planificación de la resolución en relación con los bancos medianos y pequeños, pero los Tribunales de Cuentas europeos reprochan en su estudio la imposibilidad de evaluarlo debido a “las condiciones establecidas por la JUR”.

En su documento elevan además un “llamamiento a los agentes encargados a nivel europeo y nacional para que contribuyan a reforzar la auditoría externa independiente de la resolución bancaria”, en particular garantizando que las entidades Fiscalizadoras Superiores “tengan un acceso ilimitado a la información que consideren pertinente para su labor de fiscalización”. “Para avanzar en este objetivo común es muy importante contar con el apoyo de las autoridades nacionales”, agregan, elevando así la demanda a los gobiernos nacionales.