Según ha explicado la organización, su objetivo es que se protejan los derechos de los trabajadores ante las concentraciones en demanda de que se levanten las restricciones sobre la creación de sindicatos, se introduzca un salario mínimo adecuado y se vuelva a admitir a los empleados despedidos por realizar actividades sindicales.

"Las autoridades deben aprovechar este histórico momento de reformas en Egipto y comprometerse a proteger los derechos de los trabajadores en el país", ha dicho Amnistía Internacional.

La concentración del domingo está convocada por sindicatos, partidos políticos, grupos de mujeres y organizaciones de derechos humanos, además de por los "comités populares para la defensa de la revolución".

Pero todos ellos se enfrentan a una nueva ley que entró en vigor el 12 de abril de este año, que tipifica como delito las manifestaciones y las huelgas y "pone a los manifestantes en peligro de ser encarcelados o multados con elevadas sumas", afirma AI.

Concretamente, esta ley, la número 34 de 2011, dispone pena de cárcel y multa de hasta 50.000 libras egipcias (unos 8.400 dólares estadounidenses) para quien participe o anime a participar en una sentada o cualquier otra actividad que impida, retrase o perturbe el trabajo de instituciones o autoridades públicas, prosigue la ONG.

A su parecer, las autoridades egipcias también tienen el deber de defender y respetar el derecho de reunión pacífica, en aplicación del artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por eso les pide la abolición de esta norma.