Así lo precisó la Federación en un comunicado en el que anunció que ha solicitado una reunión urgente a la ministra para mostrarle su “preocupación” en relación con la posibilidad de que se modifique el acceso de las familias numerosas a esta tarifa social.

La Federación consideró que este colectivo “puede verse perjudicado” por ese cambio de criterio, ya que actualmente estas familias acceden al bono social sin que se tenga en cuenta su renta, hecho que, para la FEFN, “no quiere decir que sea un acceso universal ni que se estén beneficiando de él familias de rentas altas y grandes mansiones”.

La organización recordó que el acceso al bono está limitado por potencia y sólo se bonifica hasta un máximo de 4.140 kilovatios hora al año, por lo que subrayó que las familias con consumos propios “de casas grandes, con jardines o piscinas no están dentro de los beneficiarios del bono social ni ven bonificado este consumo extraordinario”, aunque tengan el título de familia numerosa.

La FEFN insistió en que el bono social es una medida de protección económica para las familias numerosas, a las que, en su momento, se consideró un colectivo vulnerable por su alto nivel de consumo y por su perfil socioeconómico, hasta el punto de que, espetó, “una gran mayoría viven al día, muchas con dificultades para llegar a fin de mes”.

“Es totalmente injusto que paguemos más caro el precio del kilovatio hora, cuando seguramente nuestro consumo per cápita es menor”, explicó el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo, quien destacó que estos hogares “tienen un consumo elevado, pero mucho más eficiente y responsable que otros más pequeños".

En este punto, defendió también la necesidad de que, en la regulación de las tasas de suministros básicos, “se respete el principio de igualdad, evitando que ante un mismo consumo per cápita paguen más o sufran un peor trato las familias numerosas que las personas que viven solas”.

A su juicio, el acceso al bono social, del que actualmente se benefician el 44% de las familias numerosas, sería la medida “correctora” de la situación de “penalización” por consumo que sufren.