En una entrevista publicada en el boletín ‘Cermi.es semanal’, Segarra insiste en que “estamos viviendo una crisis sin precedentes que ha sometido a una tensión extrema los principios inspiradores del discurso de derechos humanos”.

Además, indica, que esta situación “ha puesto de relieve la necesidad de un modelo más previsor de la atención sanitaria de nuestros mayores y personas con discapacidad en recursos residenciales”, al tiempo que explica que la supervisión de la situación en estos centros por parte de los fiscales está contribuyendo a velar por los derechos de sus residentes, para lo que, asegura, “ofreceremos nuestro trabajo para colaborar en el diseño de las mejoras, sin duda necesarias, en el modelo existente”.

María José Segarra –quien ocupa este nuevo cargo desde hace dos meses- afirma que la creación de la plaza de fiscal de Sala coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores, supone “un impulso” para esta especialidad, sobre todo, “en un momento tan prometedor como este, en el que la inclusión y el acceso a la justicia forman parte de los objetivos de desarrollo sostenible de ONU (ODS 16) para la agenda 2030: un objetivo mundial en el que todos, el Ministerio Fiscal incluido, estamos comprometidos”.

En cuanto al acceso a la justicia, reconoce que esta “sigue presentando obstáculos para la accesibilidad de todos, desde la meramente física (todavía hay juzgados y fiscalías donde no está garantizada la ausencia de barreras físicas) a la cognitiva”. “Estamos en los albores de generalizar el uso de sistemas de lectura fácil de las resoluciones que afecten a las personas con discapacidad intelectual”, añade.

En este sentido, para Segarra, “es preciso que los servicios de asistencia a las víctimas dispongan de personas con formación para asumir las funciones de acompañamiento y apoyo a la comprensión de las diligencias judiciales que lo precisen”.

Según afirma, durante este año, con las actuales medidas de distanciamiento social, “se ha aminorado la atención presencial, con lo que ello conlleva de disminuir la accesibilidad de este colectivo, y con la potenciación de la práctica de diligencias y juicios por medio de videoconferencia se ha dificultado el uso de un lenguaje más comprensivo por los profesionales, perdiendo así comunicabilidad con las personas con dificultades intelectuales, por lo que debemos adoptar medidas para corregir ese rumbo impuesto por la pandemia”.

Por último, destaca que el objetivo con el que están trabajando desde la Fiscalía es la inclusión y, por ende, “la impregnación de esa conciencia social en todas las profesiones, empresas, ámbitos de responsabilidad o las familias”.