En este sentido, plantea, por una parte, que el real decreto haga referencia y se extienda a las personas con cualquier tipo de discapacidad, y no se limite exclusivamente a las personas con un grado reconocido de discapacidad del 33%.

Entre distintas propuestas, destaca la referencia a la reserva de plazas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público, conforme al proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este sentido, pide que se reserve un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad y que, al menos, el 2% sean cubiertas por personas con discapacidad intelectual.

Asimismo, en relación a las convocatorias ordinarias con reserva de plazas, el Cermi considera que "si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad, no alcanzan la tasa del 4% de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se acumularán al cupo del 7% de la oferta siguiente, con un límite máximo del 15%", con el objetivo de "avanzar más deprisa" para llegar al 2% de empleados públicos con discapacidad.