Un informe de 35 páginas elaborado por esta Misión, formada por 17 profesionales independientes en representación de, entre otras organizaciones, la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (Iepala), concluye que "el derecho a la participación política está viciado por el golpe de Estado".

En una rueda de prensa en Madrid, Gilda Rivera, del Centro de Derechos de la Mujer de Honduras, afirmó que "en el marco actual de violaciones de derechos humanos, no es posible la realización del proceso electoral" porque, a su juicio, "la vigilancia de las urnas estará a cargo de las Fuerzas Armadas".

Además, Reina Rivera, directora del Centro de Investigación y Promoción en Derechos Humanos (Ciprodeh), destacó que los próximos comicios supondrán "un retroceso gravísimo de casi 100 años en los avances democráticos" porque sólo concurrirán cuatro partidos, en dos de los cuales hay sectores contrarios a las elecciones, y otras tres formaciones han rechazado participar en el proceso electoral.

Rivera aseguró que hasta finales del pasado mes de agosto se han producido "casi 4.000 detenciones arbitrarias" y la Misión ha constatado el asesinato de 17 personas, diez de ellas a manos de sicarios y cuatro por encargo a sicarios.

El secretario general de Iepala y representante de la FIDH, Enrique Santiago, explicó los principales detalles del informe, que concluye que el Gobierno "de facto" ha cometido "graves violaciones de los derechos humanos", con persecuciones a defensores de los derechos humanos, medios de comunicación y periodistas, mujeres, dirigentes políticos, sindicalistas y miembros de movimientos sociales y extranjeros (sobre todo nicaragüenses).

La Misión afirma que "lo que está en juego es mucho más que una simple lucha política para restablecer un orden legal y permitir a un presidente legítimo regresar al poder", ya que "se trata de una conflictividad social no resuelta, de la que forman parte una élite económica que usurpó el poder en forma antidemocrática, aliada con el Ejército, y diversos sectores que reclaman un nuevo orden institucional y social".

Entre las recomendaciones del informe, se sugiere que el Consejo de Seguridad de la ONU haga una condena expresa del golpe de Estado en Honduras y que la Corte Penal Internacional inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad.