El tribunal acuerda dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno así como al Parlamento de Cataluña y al Gobierno de la Generalitat, para que formulen las alegaciones que consideren oportunas.

Los recurrentes consideran que la norma autonómica ha podido vulnerar los arts. 9.3, 10.1, 25, 33 y 149.1 apartados 1, 6, 8 y 18 de la Constitución. Esta ley catalana prevé una regulación en los contratos de alquiler de viviendas situadas en áreas declaradas formalmente de mercado tenso que supone que la renta pactada en el contrato no podrá exceder, salvo en algunos supuestos, alguno de estos índices fijados administrativamente: el de referencia de precios de alquiler de la vivienda o el de garantía de competitividad, en este segundo caso si la vivienda ya hubiera sido arrendada en los últimos cinco años anteriores a la entrada en vigor de la ley.