Por esta razón, en las observaciones sobre el último borrador del Gobierno enviadas al Ministerio de Trabajo e Inmigración, aseguran que este plan "no va a mejorar la protección de los trabajadores, ni va a aumentar los ingresos públicos, ni va a eliminar la competencia desleal entre empresas".

Así, advierten de que el plan, tal y como está diseñado en este borrador, "no va a aflorar el grueso" del empleo irregular que hay en España.

Los sindicatos consideran que se trata de una medida de carácter "más voluntarista que realista" para luchar contra el trabajo irregular, y que sólo responde a la necesidad de "cubrir el expediente" de las exigencias europeas derivadas de la Cumbre de Primavera.

Además, las organizaciones sindicales critican que el plan no tenga un enfoque específico para la población extranjera, que es uno de los colectivos más vulnerable al empleo sumergido.

En este sentido, subraya que en esta población extranjera es donde el afloramiento del empleo es más importante, ya que puede suponer la regularización de su empleo o el mantenimiento de esta situación.

Por esta razón, CCOO y UGT reclaman que el plan incluya un apartado específico para este colectivo que sea compatible con la normativa en materia de extranjería.

Por otro lado, las organizaciones sindicales denuncian que es un plan "centrado en los empresarios y no en los trabajadores", y critican que "deja fuera de su ámbito al empleo doméstico" y también que "no aclara la situación de los autónomos".

Asimismo, lamentan que el plan no incluya ningún mecanismo de seguimiento sobre su efectividad y la ausencia de algún mecanismo de participación activa de los trabajadores en el proceso de afloramiento del empleo sumergido.

Además, en su opinión el elemento disuasorio que se pretende "se pierde" si el plan no va acompañado de un incremento de los medios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.