Para esta organización es un contrasentido gravar con un impuesto más de los que ya se le aplican (como el de sociedades, Bices o ICIO) a estas instalaciones.

En el caso de este último gravamen, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, "se aplica con un criterio que obedece a un afán recaudatorio superior a ninguna otra industria, sobre una tecnología como la eólica a la que, al igual que el resto de energías renovables, la mencionada Ley reconoce en su exposición de motivos como 'fuente de abastecimiento que respeta el medio ambiente y, al aprovechar recursos autóctonos, contribuye a la disminución de la dependencia energética'", añadió APPA.

Para la Sección Eólica de APPA, este tratamiento fiscal, unido a las gravosas condiciones de acceso y a los abusivos arrendamientos, hace que las renovables en general y la eólica en particular se vean encarecidas hasta extremos insoportables, pretendiendo resolver políticas de financiación municipal y autonómica que no deberían tener este soporte y que conviven con dificultad con una política de fomento de las renovables y la consiguiente bajada de costes con la que toda la sociedad debería estar comprometida.

En definitiva, entiende que este nuevo impuesto frena el desarrollo de la tecnología eólica e introduce criterios de retroactividad al aplicarse a instalaciones en funcionamiento.