Estos colectivos consideran que, mientras que el presupuesto destinado a la enseñanza pública se redujo en un 4,8% en el presupuesto de 2011, la partida destinada a la educación privada concertada aumentó un 0,7%, “lo que constituye un agravio comparativo y una muestra clara del Gobierno regional de su intento de desprestigiar la escuela pública”.

Asimismo, pusieron de manifiesto que “la Consejería de Educación incumple la normativa legal y permite que las escuelas concertadas pongan obstáculos y se resistan a la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, lo que supone más recursos, lo que hace que dicho alumnado se concentre en los centros públicos, creando guetos”.

La diputada regional de IU Eulalia Vaquero, presente en la entrega de las firmas, manifestó que “la educación es un derecho fundamental que garantiza la igualdad de oportunidades, el desarrollo personal y de la responsabilidad” y consideró “necesario reforzar la enseñanza pública frente a la intención de Aguirre de convertir la educación en un negocio”.