Uno de los convenios tiene como objeto ceder al Canal la explotación de las infraestructuras municipales del servicio de reutilización de las aguas depuradas, con una contrapartida para el Consistorio de 189 millones de euros.

El segundo convenio se enmarca en el nuevo modelo de gestión del Canal de Isabel II y con él el Ayuntamiento se asegura una participación del 10% en el capital social de la futura sociedad que gestionará el abastecimiento de agua, saneamiento y servicios hidráulicos en la región tras la privatización del Canal decidida por la Comunidad de Madrid.

El delegado de Hacienda y Administración Pública, Juan Bravo, explicó que estos convenios dan continuidad a los suscritos en 2005. Recordó que el Canal, en sus 150 años de vida, no siempre ha sido totalmente público, y aseguró que la entrada de capital privado no pondrá en riesgo el servicio público de distribución del agua y la calidad del mismo.

Bravo, quien dijo que la decisisión de la Comunidad de Madrid de privatizar el Canal es "legítima y legal", calificó de "una medida más de la campaña electoral" el anuncio de los socialistas de ejercer medidas legales contra esta operación. Destacó que el Ayuntamiento ha ingresado en estos últimos cinco años 1.114 millones de euros por los convenios sobre el Canal "que están en escuelas infantiles, centros de mayores, infraestructuras...".

Por su parte, PSOE e IU consideran innecesario privatizar un servicio que funciona bien y que, además, tiene unos beneficios todos los años de alrededor de cien millones de euros que revierten en la mejora de la calidad del servicio. Además, creen que la entrada de capital privado supondrá un aumento del precio del agua, un deterioro de la calidad del servicio y un alza del consumo de agua.

"NEGOCIO REDONDO"

El concejal socialista Pablo García Rojo aseguró que será "un negocio redondo" para la nueva sociedad anónima en la que se convertirá el Canal. La calificó de "operación de maquillaje y de ingeniería financiera" con la que un Ayuntamiento con un déficit y una deuda "espantosos" seguirá "haciendo caja".

García Rojo indicó que los ayuntamientos gobernados por el PSOE no aceptarán el modelo de privatización impuesto por la Comunidad, y se mostró seguro de que Tomás Gómez y Jaime Lissavetzky, en los que dijo que los madrileños depositarán su confianza el 22 de mayo, pondrán fin a "esta aventura financiera de la Comunidad y el Ayuntamiento".

Por su parte, la concejala de IU Raquel López indicó que "estamos asistiendo al reparto de una tarta que no es del alcalde ni de Esperanza Aguirre, sino que es de los madrileños", y al "descuartizamiento" de un servicio público que es la "joya de la corona" por los beneficios que tiene. Criticó que el Ayuntamiento se haga "cómplice" de tal "expolio" para "sacar tajada".