Así lo afirmó el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, en una rueda de prensa en Madrid con motivo de la presentación del informe "Derechos a la intemperie. Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España".

Beltrán precisó que dentro de los derechos humanos hay que incluir, además de la libertad de expresión y de reunión y la lucha contra la tortura y los malos tratos, el derecho a la salud y a una vivienda digna.

Apuntó que las cerca de nueve millones de personas que viven en la pobreza en España están "indefensas" ante violaciones de derechos humanos como el derecho a tener información y que sean protegidos por las leyes.

Por ello, reclamó una reforma de la Constitución para que estos derechos dejen de ser "de segunda categoría" y el Tribunal Constitucional permita presentar un amparo, además de que las administraciones públicas dejen de considerar estas situaciones como meros "servicios sociales".

"Si alguien es desalojado a la fuerza de su vivienda, puede acudir a un juez y decirle que, según las normas internacionales y la Constitución, tengo derecho a una vivienda adecuada, pero ni el juez ni los gobiernos autónomos le amparan", apostilló.

Beltrán incluyó entre los colectivos afectados a ancianos, menores de edad, mujeres maltratadas, personas sin hogar e inmigrantes.

Además, lamentó que cerca de 200.000 personas carezcan de cobertura sanitaria gratuita porque no reciben ningún tipo de subsidio de desempleo o porque no han trabajado nunca y que miles de personas pueden ser desalojadas forzosamente de sus casas.

Por otro lado, Javier Rubio Gil, abogado de vecinos de Cañada Real Galiana (Madrid), apuntó que entre 25.000 y 40.000 personas podrían ser desalojadas sin ningún tipo de garantías de este lugar después de que el Ayuntamiento de Madrid abriera en 2005 expedientes urbanísticos para autorizar derribos de viviendas.

Por último, Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Feafes (Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental), denunció la situación en la que se encuentra este colectivo y abogó, en lugar de los ingresos voluntarios, por una intervención terapéutica en centros bien equipados, en lugar de apostar por el tratamiento farmacológico.