Este debate se produce después de que la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, anunciara la semana pasada durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de la Unión Europa del Congreso de los Diputados para explicar el principio de acuerdo alcanzado con Londres sobre Gibraltar tras el ‘Brexit’.

El real decreto ley se compone de 21 artículos, divididos en cinco capítulos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria única y siete disposiciones finales.

El primero de los capítulos (artículos 1, 2 y 3) regula el objeto de la norma, la normativa aplicable y el carácter temporal de las medidas establecidas, cuando así se haya establecido, habilitando la posibilidad de prórroga, y el mecanismo exigible para algunas de las medidas.

El segundo capítulo (artículos 4 al 10) abarca el acceso y ejercicio de profesión, y las normas aplicables al acceso y mantenimiento de la condición de empleados públicos de los británicos al servicio de las administraciones públicas españolas.

El tercer capítulo (artículos 11 y 12) contiene las reglas aplicables a la prestación de la asistencia sanitaria en defecto de instrumento internacional expreso, bilateral o multilateral, en torno a dos principios básicos: continuidad y reciprocidad.

También recoge el régimen aplicable a los alumnos procedentes de los sistemas educativos británicos, que podrán seguir acogiéndose a los procedimientos de acceso a la universidad española para el curso 2021-2022 en los mismos términos previstos para los estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros, siempre que cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades.

El cuarto capítulo (artículos 13 a 18) se subdivide en tres secciones: la primera de ellas establece un marco para garantizar la continuidad de los contratos de servicios financieros prestados en España por entidades financieras establecidas en el Reino Unido; la segunda regula la situación en que quedan los operadores económicos británicos en los procedimientos de contratación pública; y la tercera se centra en el régimen aplicable a distintas autorizaciones y licencias.

El real decreto ley se cierra con una parte final, que incorpora las disposiciones adicionales y finales, y una disposición transitoria, necesarias para completar la regulación. En ellas, se recogen medidas relativas a ofertas de empleo, contratación pública, prestaciones por desempleo, navegación aérea, servicios portuarios al pasaje y manipulación de mercancías, y entrada en vigor, entre otras.