Así lo señaló el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros en la que explicó que el incremento está en línea con la inflación esperada y ya fue recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

El coste de la revalorización asciende a 1.454 millones de euros, correspondiendo el grueso -1.261 millones- a las prestaciones contributivas, y alcanzará a casi 11 millones de pensionistas. En concreto, beneficia a 9,8 millones de pensiones contributivas, 665.000 pensiones de Clases Pasivas, 446.000 pensiones no contributivas y 200.000 prestaciones por hijo a cargo.

Escrivá dijo que “éste va a ser el último año en que las pensiones se revaloricen de forma ad hoc con un real decreto” que supone “una decisión discrecional del Gobierno que está corrigiendo esta reforma de pensiones de 2013 que de facto podía suponer una pérdida de poder adquisitivo importante”.

El ministro señaló que la nueva fórmula para revalorizar las pensiones se está “ultimando” con los agentes sociales y se llevará “próximamente” al Parlamento.

Recordó que entre las recomendaciones del Pacto de Toledo hay una referida a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas de forma “indefinida” para “eliminar cualquier incertidumbre hacia adelante, esto va a ser así” con la nueva fórmula de revalorización, que permitirá que sea “predecible y anticipable”.

Del mismo modo, se prorrogó la cláusula de salvaguarda de las pensiones “con efectos retroactivos desde el 1 de enero”, de manera que los que salieron del mercado de trabajo durante la crisis financiera y no se pudieron reincorporar se les aplique el régimen de pensiones preexistente a la reforma de 2011.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, destacó que el “compromiso” del Gobierno con los pensionistas es “inequívoco” y “estamos trabajando en la sostenibilidad en el medio plazo del sistema de pensiones”.