Esta proposición, elaborada por el diputado autonómico Emilio Delgado, contempla la prohibición de los cortes a población vulnerable mediante el establecimiento de una tarifa social para el pago de los suministros, así como el establecimiento de las llamadas comunidades ciudadanas de energía.

Según esta formación, la situación de la pobreza energética en España y la Comunidad de Madrid es “alarmante, de emergencia en el acceso a suministros básicos que puede agravarse sustancialmente en los próximos años por el impacto económico derivado de la pandemia de la Covid-19”.

En la iniciativa se expone que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas, establecen como obligación de los poderes públicos antes de 2030: garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos y garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.

HOGARES VULNERABLES

La norma persigue prohibir que las empresas ordenen cortes de suministros energéticos a personas en situación de vulnerabilidad, atendiendo a los criterios marcados por los Servicios Sociales Municipales para los hogares vulnerables.

La declaración como hogar vulnerable implica el derecho a una tarifa social para el pago de los suministros energéticos.

Será complementaria al Bono Social actualmente vigente y al futuro Bono Social que establece la Estrategia Nacional de Pobreza Energética.

Dicha tarifa se implantará según los siguientes criterios de progresividad. Los hogares en situación de pobreza extrema recibirán un pago del 100% del conjunto de sus tarifas energéticas (electricidad, agua y gas); lo que están en situación de pobreza severa recibirán el 35% que alcanzará el 50% a partir de un/a hijo/ a su cargo, y lo que están en situación de pobreza relativa con un porcentaje de gasto energético según ingresos de más del 10% recibirán una tarifa social del 20% de su factura.

En los casos de hogares que hayan obtenido la calificación de hogar vulnerable a través de un informe de Servicios Sociales derivados de una emergencia social, serán los propios Servicios Sociales Municipales quienes hagan constar en su informe en cuáles de las situaciones anteriormente descritas se adscribe dicho hogar.

Asimismo, Más Madrid propone un plan de choque de micro-eficiencia energética que tendrá una duración de tres años y para su elaboración se creará un comité de seguimiento, que trabajará con las administraciones locales y sus Servicios Sociales Municipales, así como los agentes sociales involucrados en la protección de los derechos de los consumidores y las empresas de suministro energético a la hora de definir su alcance, diseñar sus objetivos y establecer una serie de indicadores que permitan evaluar los resultados de su implementación y arrojar datos sobre la reducción de la pobreza energética en la Comunidad.

Estas medidas estarán orientadas a mejorar la eficiencia energética dentro de los hogares, reduciendo el consumo y por lo tanto el coste de la factura de luz, agua y gas en los mismos.

El citado plan incluirá también acciones dirigidas a estudiar las posibilidades de reducir la potencia contratada de los hogares y se estudiará si concurre alguno de los presupuestos habilitantes para solicitar la Tarifa Social Energética, en caso de que el consumidor vulnerable no se estuviera beneficiando de dicha tarifa reducida.