En la exposición de motivos de la iniciativa, los populares mencionan una encuesta publicada el pasado mes de octubre en la que el 68% de los médicos aseguraba haber sido víctima de agresiones, amenazas o coacción por parte de sus pacientes.

El episodio "más grave de una tendencia ascendente de violencia física o verbal contra los profesionales sanitarios" llegó, recuerda el PP, el 11 de marzo de 2009, cuando una médico residente de un centro de salud de Murcia perdió la vida como resultado de los disparos efectuados por un paciente, quien también hirió de consideración a un conductor de ambulancia.

Y es que, explica el Grupo Popular, aunque en los últimos meses ha habido "numerosas sentencias" que tratan la agresión como delito, y no como falta, lo que conlleva penas de prisión de hasta tres años, la resolución judicial de estos casos es "lenta".

Esta lentitud, prosigue, supone que hasta que llega la sentencia judicial, los profesionales tienen que seguir asistiendo a su trabajo con el riesgo consiguiente de tener que atender a sus agresores.

Por eso, la proposición no de ley hace hincapié en que reducir las agresiones a los profesionales sanitarios exige, además de acciones en el ámbito jurídico, que el Sistema Nacional de Salud tome conciencia de la dimensión de este problema y ponga en marcha las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus profesionales.

Estas medidas pasan, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, por que el Ejecutivo central presente a las comunidades autónomas, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, un Plan Nacional de Seguridad para los Profesionales Sanitarios.