Del total de la potencia subastada, Transición Ecológica contempla adjudicar un mínimo de 1.000 MW para centrales fotovoltaicas, otros 1.000 MW para instalaciones eólicas, mientras que los otros 1.000 MW no tendrán ningún tipo de tecnología predeterminada.

En la nueva subasta se establece que el precio percibido por las instalaciones se obtendrá a partir del precio resultado de la puja corregido con cierta exposición a mercado. En concreto, establece el porcentaje de ajuste de mercado en un 25% para las tecnologías con capacidad de gestión de su nivel de producción y en un 5% para las que no dispongan de dicha capacidad.

El plazo máximo de entrega de la energía comprometida es de 12 años para las tecnologías fotovoltaica, solar termoeléctrica, eólica terrestres y marina e hidroeléctrica y de 15 años para las tecnologías de biomasa, biogás y biolíquidos.

Las pujas se realizarán sobre el precio que se exige por la energía producida y el volumen de producto adjudicado a una misma empresa o grupo empresarial no podrá ser superior al 50% del cupo del producto (1.500 MW).

La resolución establece la obligatoriedad de que los participantes en la subasta presenten un plan estratégico con estimaciones de impacto sobre el empleo local y las oportunidades para la cadena de valor industrial local, regional y nacional, así como, en el ámbito de la economía circular, las medidas contempladas en relación con el tratamiento de los equipos al final de su vida útil y el análisis de la huella de carbono durante el ciclo de vida útil de las instalaciones.

CALENDARIO HASTA 2025

Tras esta primera subasta, el Ministerio se ha fijado el objetivo mínimo de llegar a ofrecer 19.440 Mw en nuevas pujas hasta 2025, de los que algo más de la mitad, 10.000 MW serán de fotovoltaica, tecnología que cuenta con un mínimo de 1.800 MW anuales entre 2021 y 2025.

Por su parte, la potencia mínima de eólica a subastar en este periodo es de 8.500 MW. En su caso, tras los 1.000 mW de la subasta del martes, se prevén subastas por un mínimo de 1.500 MW entre 2021 y 2025.

Además, se fija también un mínimo de 500 MW para instalaciones termosolares. Esta tecnología, que no cuenta con asignación para 2020, contará con un mínimo de 100 MW anuales entre 2021 y 2025.

A continuación, la potencia mínima asignada a biomasa es de 380 MW. Empieza este año con 80 MW y después su cuota mínima baja hasta los 60 MW anuales entre 2021 y 2025.

Además, se contempla una cuota para otras tecnologías como biogás, hidráulica o maremotriz. En su caso, se prevé una asignación mínima de 60MW hasta 2025, con metas de 20 MW en 2022, 40 MW en 2024 y 60 MW al final del periodo.

Este nuevo Régimen Económico de Energías Renovables resulta indispensable para cumplir con los compromisos de descarbonización que España ha adquirido en el Acuerdo de París y como Estado miembro de la Unión Europea.

Estos compromisos han sido planificados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030, que prevé la instalación de en torno a 60GW renovables en la próxima década y que incluye, entre sus medidas, el desarrollo de este tipo de subastas.

A este respecto, Transición estima que las subastas permitirán alcanzar entre el 70 y el 80% del objetivo incluido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), por lo que el resto puede proceder de otros mecanismos.

Los adjudicatarios dispondrán de un plazo de seis meses para identificar la ubicación de las plantas y de 12 meses para lograr la autorización para construirlas. El plazo de puesta en servicio se fijará en cada subasta y dependerá del tipo de tecnología.