El cambio legislativo incluye, en los escenarios regulados dentro de la prohibición de desahucios –que se extiende hasta el 9 de mayo– la ocupación de una vivienda que vaya aparejada con un delito, como puede ser el de usurpación, siempre y cuando la entrada en la vivienda no se haya cometido con “violencia e intimidación”, el ocupante pertenezca a uno de los grupos de riesgo determinados por el Gobierno y el inmueble esté deshabitado y pertenezca a un gran tenedor.

“Este cambio puede ser una llamada a la ocupación de viviendas de un determinado perfil de ocupantes y que cumplan con unas determinadas características”, afirmó el director general de ANA, José Ramón Zurdo, quien añadió que “posiblemente se trate un adelanto o advertencia sobre las intenciones de una parte del Gobierno de expropiar las viviendas vacías”.