"Con tales acciones, el Parlamento pone en peligro el principio de la libertad religiosa", señalaron los obispos en un comunicado. "La justa distinción entre Estado y sociedad y, más en concreto, entre Estado e Iglesia y entre el orden político y el orden moral, exige que las instituciones del Estado se abstengan de intervenir en el libre desarrollo de las instituciones religiosas, y en nuestro caso, de la Iglesia Católica, mientras no esté probado que atenten contra el orden público".

Para los prelados, "tratar de interferir por medio de reprobaciones políticas parlamentarias en la guía moral que el Papa ejerce en la Iglesia mediante su magisterio ordinario, contradice seriamente el principio de no intervención y lesiona el derecho de libertad religiosa".

Ante la moción reprobatoria de IU-ICV, que no salió finalmente adelante en el Congreso, la Conferencia Episcopal expresa a Benedicto XVI "el afecto y la adhesión más cordial de los obispos y de todos los católicos españoles".