El profesor de economía de la Universidad de Alcalá y coautor del informe, Vicente Marbán, destacó que la mitad de las personas dependientes fallecidas en 2020 vivían en una residencia o asistían a algún tipo de recurso residencial, Además, el 80% de los fallecidos tenían más de 80 años.

A su juicio, todo esto demuestra cómo el impacto del coronavirus “se ha cebado en las personas dependientes que viven en residencias” y en el sistema en general. El informe subraya, asimismo, que cada 8 minutos muere una persona en lista de espera sin recibir ninguna prestación.

De acuerdo con los últimos datos, 32.035 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia (20.413 dependientes con derecho a prestación y 11.622 pendientes de recibir valoración). Resalta que en la actualidad, 232.000 personas se hallan en lista de espera.

Por tanto, el informe recomienda agilizar tanto el acceso a las prestaciones ya reconocidas como la valoración del grado de dependencia.

Entre otros puntos, aconseja para ello destinar más inversión al sistema y recuperar el “nivel acordado de financiación” entre Estado y comunidades autónomas, para completar el nivel mínimo.

Así lo indicó el presidente en funciones del CES, Pedro Fernández, quien lamentó la dificultad para “conocer con exactitud” los fondos destinados a dependencia.

“Pedimos a las administraciones redoblar sus esfuerzos para mejorar la financiación, que sabemos que es muy modesta en comparación con las necesidades de cuidados”, señaló.

DIFERENCIAS INJUSTIFICABLES

El trabajo pone también de manifiesto las “grandes desigualdades territoriales” que existen en cuanto al acceso y la disponibilidad de servicios, no solo entre comunidades autónomas, sino entre los entornos urbanos y el mundo rural.

Por ello, Fernández urgió a mejorar la red de servicios sociales en el ámbito rural, “donde además hay más personas mayores y existen grandes dificultades de acceso”. “No puede ser que la España vaciada sea también la España olvidada ” en este terreno.

Para el consejero y ponente del informe, Jorge Aragón, son “diferencias injustificables y difícilmente explicables”, que cuando se trata del mundo rural suelen pasar inadvertidas.

Parte de la solución, a su juicio, pasaría por mejorar la coordinación entre las administraciones central, autonómica y local y por reforzar el papel de esta última en la gestión del sistema.

De hecho, el informe aconseja “mejorar de forma sustancial la gobernanza” de todo el SAAD y “reforzar sus mecanismos de información y de evaluación”, así como aumentar “la coordinación entre el sistema sanitario y de servicios sociales”.

Por otro lado, Fernández señaló la necesidad de incrementar la calidad del empleo en el sector, “aspecto íntimamente relacionado con la calidad de los servicios que se prestan". La tasa de temporalidad, de contratos a tiempo parcial y de compaginación de varios empleos es muy elevada, y achacó esta circunstancia al bajo nivel de salarios.

Otras recomendaciones del informe tienen que ver con la necesidad de incluir la perspectiva de género, puesto que el 65% de las personas dependientes son mujeres, tasa que se duplica e incluso se multiplica por cuatro a medida que aumenta la edad, y porque la inmensa mayoría de las cuidadoras son mujeres.

Finalmente, la investigación analiza la atención domiciliaria y los beneficios de la teleasistencia avanzada, y pide “abrir un debate” en lo referido al modelo residencial, sin estigmatizar a nadie.

En la actualidad, el SAAD atiende a cerca de 1.300.000 personas, da empleo de manera formal a 400.000 trabajadoras y ocupa a 8.000 empresas.