Ésa es una de las novedades incluidas en un real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros para mejorar la gestión de residuos de pilas y acumuladores, y de aparatos eléctricos y electrónicos.

La norma, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, modifica el real decreto sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos de 2008, y el real decreto sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de 2015.

En cuanto a la normativa sobre residuos de pilas y acumuladores, el cambio más relevante que se introduce es que los residuos de las pilas y acumuladores que incluyan litio o níquel metal hidruro estarán catalogados como residuo peligroso.

Respecto a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se clarifica su ámbito de aplicación para incidir en que desde agosto de 2018 se aplica a todos los aparatos eléctricos y electrónicos, y no sólo a categorías determinadas. Esto permitirá una clasificación más sencilla y coherente con los requisitos de tratamiento específico para cada tipo de residuo.

Del mismo modo, se concretan los objetivos de gestión de residuos que deben cumplir los productores de aparatos eléctricos y electrónicos. Para ello, se tiene en cuenta el peso de los recogidos y financiados por los productores tras su tratamiento específico. También se ordenan las responsabilidades que asumen los productores y se distinguen de otras que se cumplen a través de los sistemas de responsabilidad ampliada.

Además, se permite que los sistemas colectivos puedan realizar actividades complementarias siempre que sean financiadas de forma voluntaria y únicamente por los productores que hayan decidido participar en ellas. Al mismo tiempo, se adecúa el importe de su garantía financiera al 25%, ya que la actual, que representa el 100% del coste medio anual de gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, resulta excesiva.

Este real decreto es el cuarto en materia de gestión de residuos que se eleva al Consejo de Ministros desde la aprobación de la Estrategia Española de Economía Circular, aprobada el pasado mes de junio. La normativa de residuos se completará con el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, y otros reales decretos en distinto estado de elaboración.