Esta solicitud se dirigió a todas las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, y el 8 de octubre se envió un segundo requerimiento a aquellas que aún no habían contestado.

Según la Oadis, las comunidades que sí informan están adoptando medidas para reducir estas demoras, como el refuerzo de su personal, la mejora de los sistemas informáticos, el acceso a la historia social y clínica o la asunción de criterios de prioridad para situaciones urgentes, entre otras.

En general, las autonomías señalan las dificultades para contratar nuevos profesionales y cubrir bajas. Además, destacan que la suspensión de la actividad administrativa durante el primer estado de alarma y la posterior adopción de medidas sanitarias extraordinarias también contribuyeron a esta demora.

Por su parte, El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) aseguró comprometerse a impulsar todo lo posible este debate en los órganos de cooperación que mantiene con las comunidades autónomas.