"Hay quien habla del limbo de la dependencia" y sitúa en él a las personas que tienen reconocido el derecho a las ayudas de la ley pero que no reciben todavía el recurso que les corresponde, y "eso es así", declaró Causapié en una entrevista concedida a Servimedia.

No obstante, puntualizó que hay que entender que existe un tiempo "necesario" entre la emisión de la resolución que declara el derecho a ser beneficiario de la Ley de Dependencia y la elaboración de los informes sociales en los que se establecen los recursos que deberá recibir cada usuario.

"Y ese tiempo es necesario", pero lo esperable es que "en unos años se acorte", dijo Causapié, quien argumentó que la dilatación en el tiempo que han vivido algunos beneficiarios de la Ley de Dependencia se ha debido, en parte, al volumen de tramitaciones de solicitudes que ha existido hasta el momento, cuando más de 700.000 ciudadanos son ya usuarios del sistema.

La directora del Imserso, perteneciente al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, indicó a este respecto que hay comunidades autónomas que partieron con desventaja cuando se puso en marcha el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), porque carecían de una red de servicios sociales que, gracias al esfuerzo posterior, fueron luego impulsando.

Esta situación, explicó, hizo que las comunidades autónomas con una red de servicios sociales menos desarrollada tuvieran que conceder más prestaciones económicas que servicios durante los primeros tiempos de funcionamiento del SAAD.

En cualquier caso, concluyó la directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, "estamos trabajando para que haya más agilidad en este sentido", y recordó, al respecto, el acuerdo adoptado por Gobierno y comunidades autónomas que establece que el tiempo máximo de espera entre la resolución del Plan Individualizado de Atención (PIA) y la concesión real de los servicios o prestaciones económicas sea de seis meses.