En dicho texto, la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, afirmó que las quejas son similares a las de años anteriores, pero advirtió que en muchas deficiencias “cabe apreciar las indeseables consecuencias de la crisis”.

Como ejemplos, citó la precariedad de algunas instalaciones y equipamientos escolares; los recortes en la prestación de servicios como el transporte escolar; la limitación o supresión de ciertas líneas de ayuda para alumnos y familias, y la menor dotación de profesorado y personal de apoyo.

Por otra parte, la Defensora apuntó que además de las causas económicas, otros fallos que los ciudadanos han lamentado sobre el sistema educativo español pueden deberse a “cierta improvisación o insuficiente reflexión sobre las previsiones adoptadas”.

Tal es el caso de la Prueba de Acceso a la Universidad, destacó, cuyo diseño ha sido sometido “a vaivenes constantes y modificaciones sucesivas en los últimos años, agregó Cava de Llano.

Ello ha provocado desconcierto y descontento generalizado en sus destinatarios, que en algunos casos han criticado la falta de plazas en universidades públicas.

PIDE CONSENSO

La defensora lamentó también el fracaso del Pacto Social y Político por la Educación que a comienzos de 2010 promovía el Ministerio, e instó a “todos los actores involucrados a retomar los esfuerzos en la búsqueda de un gran acuerdo o pacto educativo”.

A su juicio, resulta “difícil entender que no sea posible ponerse de acuerdo sobre unas bases mínimas y estables para combatir la elevada tasa de abandono y fracaso escolar”.

El pacto además contribuiría a asegurar la suficiencia de los recursos presupuestarios destinados a la educación, mejorar los resultados de las evaluaciones internacionales de nuestro sistema, implantar en condiciones adecuadas el Espacio Europeo de Educación Superior y a promocionar y actualizar la formación profesional, entre otras muchas tareas pendientes, señaló.

Con todo, se felicitó por que el propio proceso de negociación "ha permitido alcanzar al menos un cierto consenso" entre la comunidad educativa sobre los objetivos a conseguir y las medidas o acciones específicas que deben aplicarse.

Así se recoge en el documento “Objetivos de la Educación para la década 2010-2020. Plan de Acción 2010-2011” elaborado por el Ministerio de Educación, que la Defensora de Pueblo encuentra adecuado.