Además, relató que llegó a recibir una llamada de María Teresa Feito, asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos, en la que le exigió el envío del documento y le dijo: “Si no me envías el acta, Cifuentes os va a matar a vosotros y al rector”.

Como autora de la falsificación del acta, la Fiscalía pide para ella 21 meses de prisión, una pena bastante inferior a los tres años y tres meses que solicita para la expresidenta madrileña porque desde el inicio de la instrucción reconoció los hechos y colaboró en la investigación.

La Fiscalía cita en su escrito la información publicada en marzo de 2018 en el periódico digital 'eldiario.es' en la que se hacía constar que la alumna Cristina Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas ni había presentado el Trabajo Fin de Master (TFM) del Master Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico del Instituto de Derecho Público de la Universidad Juan Carlos de Madrid del año 2011/2012.

Rosado, directora del Máster en Derecho Autonómico y Local, insistió que entre ella y el catedrático había una relación de “jerarquía”, que empleó para presionarla y conseguir que falsificara el acta “ante el temor de las posibles consecuencias negativas para mi carrera docente por no acatar lo que me le pedía”.

La acusada aseguró que desde 2014 mantenía una relación tensa con Álvarez Conde, que era el director del Instituto que organizaba el máster. Álvarez Conde ya ha fallecido y sobre él ha hecho recaer la profesora toda la responsabilidad del falseamiento de los documentos que exhibió Cifuentes y la Universidad para justificar la realización del curso.

Rosado aseguró que nunca pasó lista en sus clases y, por tanto, no llevaba control de asistencia. Admitió que algunos alumnos estaban dispensados de asistir cuando sus trabajos se lo impedían y dijo que para presentar el Trabajo Fin de Máster (TFM) había que tener todas las asignaturas aprobadas.

La acusada relató que tras la publicación de la información sobre el máster en `eldiario.es´ llamó a Álvarez Conde para preguntarle por la situación. Luego, a lo largo del día el catedrático se puso en contacto con ella y llegó a llamarla durante esa jornada 24 veces y a enviarle 15 sms. Según su versión, el catedrático le transmitió en esas llamadas que “esto hay que arreglarlo. Hay que hacer lo que sea para arreglar esta cuestión” y yo “me puse muy nerviosa, me sentí muy presionada. Sabía que si no lo hacía habría consecuencias para mí”.

En esas llamadas, Conde le ordenó confeccionar un acta falsa firmada por un tribunal examinador que tenía que estar formado por las profesoras, Clara Souto, como vocal, y Alicia López de los Mozos, como presidente y por ella misma. Ambas profesoras, dijo, le mostraron su firma a través de videollamada y ella las copió en el documento.

También a lo largo del día, “recibí llamadas de Maite Feito”, de la que dijo que tenía “una relación fluida y estrecha” con Álvarez Conde. Yo tenía un teléfono de Feito pero no recuerdo interacción telefónica con ella habitual antes de esto. De Feito recibió “15 llamadas y cinco sms”, además de “llamadas de whatsApp”.

En esos contactos, “me dice que el Trabajo Fin de Máster tiene que aparecer”, más tarde le instó a “hacer el trabajo y en una de ellas” le llegó a pedir “bibliografía sobre el trabajo propuesto por Álvarez Conde”. Más adelante cuando el acta falsificada ya estaba lista Feito la llamó para “que envíe el acta, que haga el acta, que envíe el acta, que haga el acta… Y yo le acabo respondiendo para decirle que voy a hacerla”. En ese intercambio de contactos y después de que Rosado se negara a enviarle el documento, la asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid le advirtió: “Si no la envías, Cifuentes os va a matar a vosotros y al rector”.

Finalmente, Álvarez Conde pidió a Rosado que usando un correo a su nombre enviara las actas al rector de la Universidad Rey Juan Carlos y al director de comunicación de la institución para que pudieran ofrecer una rueda de prensa exculpatoria para Cifuentes. En todo momento, Rosado insistió en que nunca comprobó personalmente si el TFM existía y se atuvo a la información que le dio el catedrático, que acabó reconociendo en un escrito que ejerció las presiones relatadas sobre la profesora para la realización de las actas.