La ONG denunció que "en seis de los 11 países existen leyes que prevén sistemas de cobertura de todos o parte de los costes para inmigrantes sin permiso de residencia que no puedan pagarlos (Bélgica, España, Francia, Países Bajos, Portugal e Italia)".

"En cuatro (Alemania, Grecia, Suecia y Suiza) el acceso a la sanidad está limitado esencialmente a las urgencias y ofrece pocas o ninguna posibilidad de atención sanitaria para las patologías comunes o crónicas".

"El Reino Unido tiene un sistema bastante específico que deja que los médicos generalistas acepten o no la inscripción de las personas sin permiso de residencia en su centro para tener acceso gratuito a la atención primaria, pero el sistema no prevé ningún tipo de cobertura para la atención especializada u hospitalaria fuera de la atención inmediatamente necesaria", afirmó.

Médicos del Mundo aseguró que "en España el acceso a la atención sanitaria de urgencia está garantizado para todas las personas, independientemente de su situación administrativa. El acceso a otro tipo de servicio exige contar con una tarjeta sanitaria que la mayoría de las comunidades autónomas condicionan al empadronamiento, salvo para las mujeres embarazadas y para los menores de 18 años, que no necesitan cumplir ningún requisito".

De los países estudiados, siete de cada diez personas entrevistadas podrían beneficiarse teóricamente, en los países donde esta posibilidad existe, de una cobertura sanitaria (oscilando en función del país desde sólo el 2,7% de la población residente en Grecia al 98,2% de Bélgica), el 25% no lo sabe y por tanto, no ejerce sus derechos. Existe así una diferencia abismal entre el acceso teórico y el real, en opinión de Médicos del Mundo.

UN DERECHO PARA TODOS

La presidenta de Médicos del Mundo España, Teresa González, aseguró que "en algunos países como Suecia, las personas sin permiso de residencia no tienen derecho a cobertura sanitaria alguna de forma gratuita, ni siquiera en caso de emergencia o parto".

"En otros países como Alemania, los derechos, ya de por sí limitados legalmente, están anulados casi por completo por la existencia de la obligación de denuncia impuesta por la ley a todas las instituciones administrativas públicas, incluidos los centros de asistencia social con competencia en asuntos de administración sanitaria", denunció.

Para Médicos del Mundo, "en un contexto de vigilancia como el actual, marcado por la aparición de la gripe A, resulta cuánto menos arriesgado, desde el punto de vista sanitario, apartar a un porcentaje de la población de las medidas de prevención y de tratamiento del virus H1N1 o de otras enfermedades que puedan surgir".

Por ello, la ONG pide a los Gobiernos de la UE que las políticas de salud no estén sometidas a las políticas en materia de inmigración, y que las autoridades sanitarias protejan al enfermo y no denuncien su situación de ilegalidad.

Por último, Médicos del Mundo exigió al Parlamento Europeo que apruebe una resolución que "reafirme la necesidad de igualdad en el acceso a la atención médica de las personas sin permiso de residencia y de los solicitantes de asilo".