Según informó la CE, el marco se centra en la educación, el empleo, la asistencia sanitaria y la vivienda y se propone lograr, entre otros objetivos, que todos los niños gitanos finalicen, como mínimo, la enseñanza primaria.

Tomando este marco como base, los Estados miembros deberán fijar objetivos nacionales individuales de integración de los gitanos en proporción a la población de su territorio y en función de su punto de partida.

Y es que, a juicio de Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE, "pese a las buenas intenciones de los políticos nacionales, el cambio experimentado en los últimos años en la vida de la mayoría de los gitanos es insignificante".

Por eso, prosiguió, "ha llegado el momento de ir más allá de las buenas intenciones y de tomar medidas concretas" que impliquen a todas las capitales, regiones y ciudades de Europa.

Una encuesta realizada en seis países de la UE puso de manifiesto que sólo el 42% de los niños gitanos finalizan la enseñanza primaria, frente a una media de la UE del 97,5%. En cuanto a la enseñanza secundaria, la asistencia de los gitanos se calcula en sólo el 10%.

En el mercado laboral, este colectivo se enfrenta a tasas de empleo más bajas y a tasas de discriminación más altas que el resto de la población y en cuanto a la vivienda, a menudo carece de acceso a servicios esenciales como el agua corriente o la electricidad.

Los 10 o 12 millones de gitanos que viven en Europa sufren también problemas de salud, ya que su esperanza de vida es diez años inferior a la media de la UE, que está en 76 años para los hombres y 82 para las mujeres.

Ante todo esto, las investigaciones del Banco Mundial sugieren que la plena integración de los gitanos podría suponer unos 500 millones de euros anuales para las economías de algunos países, al mejorar la productividad, disminuir las facturas de la ayuda social e incrementarse los ingresos fiscales.