Gordo, que estuvo en la residencia a la que fueron trasladadas sin aviso el pasado 8 de marzo los usuarios de estos centros alegando por parte de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales motivos de derrumbe inminente, cuando un informe del Servicio Regional de Bienestar Social (SRBS) niega la existencia de tal peligro, reclamó que se garantice la gestión directa de estos centros.

Asimismo, denunció “las condiciones precarias” en las que se encuentran las personas trasladadas allí, pues ahora la residencia de mayores de Carabanchel acoge a más del doble de las personas previstas y las actividades se realizan en aulas donde conviven muchas más personas de lo que sería deseable para este tipo de actividades.

En este sentido, insistió en la necesidad de destinar más presupuesto del Gobierno regional tras señalar que “Aguirre ha regalado 3.000 millones de euros en el último presupuesto, 9.000 millones de euros desde que comenzó la crisis, con los que se podría haber creado más centros públicos que atendiesen las demandas de las familias con mayores y personas discapacitadas”.

También exigió una inspección de todos los centros de discapacitados y mayores de la región, para evitar posibles estados de deterioro y el establecimiento de una ventanilla única con el fin de facilitar los trámites a las familias que tengan que solicitar diferentes tipos de recursos para atender a sus mayores o personas discapacitadas a su cargo.