Caamaño reveló estas previsiones en una rueda de prensa que ofreció antes de la reunión que mantuvo con el secretario ejecutivo de Libertades Públicas y Derechos de la Ciudadanía del PSOE, Álvaro Cuesta, los portavoces de Justicia del partido en el Congreso y el Senado y los consejeros autonómicos socialistas del ramo, con el objetivo de explicar e impulsar simultáneamente el Plan Modernización en todos los territorios, implicando al partido en la tarea.

El ministro describió el Plan de Modernización de la Justicia como "la mejor muestra de que este Gobierno se ha tomado en serio la transformación de la justicia", a la vista de que tanto los ciudadanos como los profesionales de la Justicia consideran que ésta "no ofrece un servicio público de calidad".

Además, Caamaño aseguró que el Plan es la "traducción de un gran acuerdo social", materializado primero en el Parlamento y luego con el CGPJ, las comunidades autónomas y los interlocutores del mundo de la Justicia. Por todo ello, afirmó, "es algo más que un plan presentado por el Gobierno. Es un proyecto de país para conseguir en el plazo más breve" el objetivo de "tener la Justicia que los españoles nos demandan".

Aparte del aumento de plantilla, el ministro mencionó como ejes del Plan "el despliegue al 100% de la nueva Oficina Judicial, que es una organización de los juzgados y tribunales completamente distinta a la que tenemos hoy, que va a ganar en racionalidad y eficiencia"; y la "aplicación de las nuevas tecnologías" a los juzgados, con novedades como la grabación digital en la sala, las videoconferencias, la gestión procesal informatizada y la interconexión en red de los tribunales, con posibilidad de consultar la información en tiempo real.

INSTRUMENTOS AUXILIARES

"En relación con este sistema", prosiguió Caamaño, se acondicionará la legislación simplificando los trámites, se desplegarán oficinas de atención a las víctimas y se reforzará el papel de instrumentos auxiliares a la Adminstración de Justicia como el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses y los institutos de Medicina Legal, que a su juicio "no siempre han sido tratados con la debida atención".

Con todo ello, Caamaño espera que "la Justicia se convierta en un servicio público avanzado, similar a otros muchos servicios públicos que ya existen en nuestro país" y que se reduzan los plazos de tramitación y ejecución; unos objetivos que cree que ayudarán "a los españoles a salir mejor de la crisis", puesto que, según recalcó, "invertir en justicia es también una inversión productiva". El ministro confirmó que dicha inversión será de 600 millones.

Preguntado por los periodistas por la oposición de la Asociación Profesional de la Magistratura, que ha calificado el Plan de "fogonazo" y "parche" y ha anunciado que mantiene la huelga convocada para octubre, Caamaño aclaró: “Nosotros trabajamos pensando en los ciudadanos, no en una asociación de jueces”.

El ministro reiteró que “existe un consenso básico para reformar la Justicia” con los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas, y que por tanto no conviene "aplazar sine die una reivindicación de todos los españoles". "Con todo lo que tenemos entre manos, no vamos a parar", sentenció.