En una intervención en la Comisión de Fomento del Congreso para analizar las conclusiones del informe de la Ciaiac sobre el accidente del vuelo JK-5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas, Blanco explicó que el Ejecutivo quiere dar un nuevo impulso a la Ciaiac a través de un cambio en la composición de la comisión dándole un mayor carácter técnico y una estructura más ágil que la actual.

Además, permitirá un mayor control por parte del Congreso que participará en el nombramiento de sus miembros y en el control del cumplimiento de sus recomendaciones ya que se establecerá la obligación de adoptarlas por parte de las entidades españolas.

También aumentará el carácter reservado de sus datos en el transcurso de las investigaciones y se regulará la colaboración con los órganos judiciales, manteniendo la independencia de ambas investigaciones.

Por otro lado, entre el resto de medidas anunciadas por Blanco destaca la elaboración de un nuevo Plan de Emergencias de Barajas que Fomento ya está creando en colaboración con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.

A continuación, posiblemente en octubre, el plan será revisado por la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) y más tarde por el Ministerio del Interior.

Asimismo, anunció que antes de fin de año el Ejecutivo tendrá listo el real decreto que regula el tiempo de actividad y descanso de las tripulaciones aéreas.

Otras reformas previstas por Fomento son la actualización de la ley de seguridad aérea de 2003 para reforzar el enfoque preventivo de la seguridad y las capacidades inspección de la AESA y la aprobación de un programa de seguridad operacional del Estado en la línea del que prepara la UE.

Quiere también incrementar la garantía para incentivar la comunicación voluntaria de sucesos en Aviación Civil, ampliar la capacidad de la AESA para contratar personal, cambiar la regulación de las entidades colaboradoras en materia de investigación aeronáutica y la normativa de servidumbres para mejorar la seguridad de las zonas cercanas a los aeródromos.

También habrá un nuevo decreto para la certificación de seguridad en los aeropuertos gestionados por los gobiernos autonómicos y otro sobre las condiciones para la realización de demostraciones aéreas.

Además, recordó que el pasado 29 de octubre de 2008, y a raíz del informe preliminar del accidente, la Agencia Europea de Seguridad aprobó una nueva directiva de aeronavegabilidad que obliga a comprobar el sistema de aviso al despegue (TOWS) antes de cada vuelo.

Se refirió también a la creación el pasado mes de octubre de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) que emplea a más de 600 personas que realizan más de 11.000 inspecciones al año a aeronaves, compañías, proveedores y gestores aeroportuarios.

Destacó finalmente que en el mes de mayo de 2009 entraron en vigor los reales decretos de reglamento de inspección aeronáutica y de seguridad operacional en aeropuertos.

“La seguridad aérea es un reto para fomento y será la tarea prioritaria para los próximos nueve meses en los que España liderará este proceso dentro de la UE aprovechando la Presidencia Europea”, concluyó.