El detalle lo compartió en una rueda de prensa celebrada precisamente tras reunirse la Mesa del Diálogo Social para el Plan de 'Recuperación, Transformación y Resiliencia' convocada por Calviño y a la que también asistieron otros ministros, como la titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; o el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Por parte del diálogo social acudieron los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente; y el presidente de COE-Cepyme, Gerardo Cuerva.

Según detalló, el Gobierno ha estado trabajando “intensamente” con Bruselas para acelerar la presentación formal del Plan de 'Recuperación, Transformación y Resiliencia' cuando entren en vigor los textos legales europeos que aprueban la constitución del megafondo 'Next Generation' de la UE. Con ese afán admitió que ya envió en diciembre hasta 28 de los 30 planes de inversión y reformas identificados por el Gobierno y que se financiarán con cargo a esos fondos, que este año aportará 27.000 millones de euros a España.

“Estos dos componentes no se enviaron a finales de diciembre porque queríamos tener una reunión con los agentes sociales para exponerles las principales líneas que se han recogido de estas fichas y también por ver si nuestra aproximación estaba alineada con lo que esperan los agentes sociales”, abundó. Ante la pregunta directa de si el Gobierno acabará imponiendo dichas reformas si falla el entendimiento en el diálogo social, explicó que el Ejecutivo está decidido a trabajar “juntos”.

“Nuestro Gobierno está determinado a poner en valor el diálogo social y tratar de lograr el máximo consenso político y social para las reformas de gran calado que tenemos que abordar en nuestro país”, reiteró, explicando que “estamos al principio de un proceso en el que no hay ninguna decisión tomada sobre los elementos concretos”.

EN FASE INICIAL

Bajo esta máxima, Calviño no despejó la pregunta de si la intención es ampliar o no el cómputo de la vida laboral para calcular las prestaciones en las pensiones desde los 25 a los 35 años. No obstante, indicó que “sí está claro” que las prioridades del Gobierno en el ámbito de las pensiones son “garantizar el poder adquisitivo” y “la sostenibilidad del sistema tanto a corto como a medio y largo plazo”. Abundó en que están “absolutamente” alineadas con las recomendaciones del Pacto de Toledo, “que da unas pautas para reforzar la contributividad, la proporcionalidad, la sostenibilidad del sistema”.

“Necesitamos contar con el máximo consenso y apoyo, tanto político como social, si queremos que las reformas perduren en el tiempo y sean eficaces”, remarcó, juzgando “imprescindible” contar con el punto de vista de los sindicatos y patronal precisamente para dos reformas, la laboral y de pensiones, tan “consustancial” al diálogo social y “que tienen que tener un papel protagonista en este proceso”.

La ministra recordó que el presidente del Gobierno creó la Mesa hoy convocada el pasado 16 de noviembre con la vocación de involucrarlos “en el proceso de preparación y ejecución del plan de recuperación de la economía española”, y ésta es la segunda reunión que tiene lugar de la Mesa tras la del 27 de noviembre convocada también por Calviño.

A pesar de las quejas de falta de información de los sindicatos, Calviño consideró que el encuentro de hoy ha sido “productivo”, ha reflejado la “voluntad de negociación” y ha resultado “muy útil para identificar los temas prioritarios en los que podemos profundizar” a lo largo de este año. Según desveló, se han emplazado a compartir documentación durante la próxima semana “para que los agentes sociales puedan seguir contribuyendo en el proceso”.

CONDICIONALIDAD DE BRUSELAS

Según Calviño, ha servido además para “confirmar” el “gran acuerdo que hay con respecto al diagnóstico y con respecto a los principales ámbitos de actuación, asuntos y elementos sobre los que vamos a tener que trabajar juntos en los próximos meses”.

La vicepresidenta reconoció que Bruselas demanda un grado “bastante profundo de detalle, de concreción y análisis” en cada uno de los planes, y eso obliga a identificar “los principales elementos” en el planteamiento que se efectúe sobre pensiones y reforma del mercado laboral para, por ejemplo, “mejorar la estructura de contratos, para mejorar la negociación colectiva”, las políticas de empleo o reducir la dualidad”.

También admitió que Bruselas condiciona las transferencias de fondos a acometer reformas, sin querer llamarlo “condicionalidad”, aunque sí apuntó que las que proyecta el Gobierno van en la línea de las recomendadas por el Semestre Europeo para España. “Estamos hablando, en todo caso, de una hoja de ruta de reformas que el Gobierno lleva dos años y medio impulsando, que hemos continuado impulsado y desarrollando a lo largo del ejercicio 2020 y que responde a un diagnóstico absolutamente compartido sobre cuáles son los problemas que arrastramos del pasado de nuestro país y los retos de futuro que tenemos que tratar de abordar lo antes posible”, concluyó.