Así lo manifiesta en una entrevista publicada en ‘Cermi.es semanal’, en la que afirma que hay que tener en cuenta que el Tercer Sector, además de ser un círculo más de protección de todos los colectivos más vulnerables de nuestra comunidad, es, sobre todo, un sector socioeconómico importante, ya que cerca del 2% del PIB supone la economía que genera todo el Tercer Sector social.

Según afirma , “ahora hay que elaborar un plan estratégico del Tercer Sector en Castilla-La Mancha, una vez que se constituya formalmente la Comisión para el Diálogo civil con la Mesa del Tercer Sector, que se prevé para las próximas semanas”.

“Para nosotros esa estrategia es básica y es uno de los temas fundamentales que tenemos que poner en la Comisión para el Diálogo Civil para garantizar la estabilidad del Tercer Sector. No podemos estar todos los años pendientes de convocatorias anuales de subvenciones para el mantenimiento de servicios sociales básicos de atención a las personas que estamos prestando, sobre todo a raíz de la pandemia”, asevera.

Asimismo, Romero asegura que hay que marcar una hoja de ruta con números concretos, con una fórmula jurídica que se establezca para que el trabajo de las asociaciones esté garantizado de forma plurianual. Para él, un instrumento para lograrlo va a ser el concierto social, “pero no todo es concierto social”. “Tenemos que evaluar el coste y el diseño de los precios plaza de los servicios que prestan nuestras organizaciones, y analizar también a corto/medio plazo cómo pueden repercutir todos los fondos europeos del plan de rescate y, sobre todo, los programas operativos de los fondos estructurales para que se tenga en cuenta al Tercer Sector como un agente básico”, añade.

Este plan de recuperación, que recoge las necesidades del sector y las líneas básicas de inversiones, de financiación y de colaboración, según asegura, ya han sido trasladadas a las principales autoridades públicas de la Junta de Castilla-La Mancha.

Además, otras de las prioridades a las que hace referencia en la entrevista son: en cuanto a la atención a personas usuarias y los nuevos modelos, el impulso de las inversiones en todo el proceso de transformación digital, de capacitación de todas las personas usuarias y profesionales, familias y voluntariado; la economía verde; al ámbito rural, para que se diseñen en los fondos nuevos, planes de recuperación y se tenga en cuenta las mujeres y niñas con discapacidad; y, en materia de educación, lograr un impulso digital para evitar a brecha en la educación inclusiva.