En este sentido, el Cermi reclama que investigue “una a una” qué universidades públicas han adoptado medidas efectivas para poner en práctica esta cuota de reserva y qué grado de cumplimiento han alcanzado.

Según la plataforma de la discapacidad, como en cualquier administración pública, en el ámbito universitario también rige el deber legal de reservar una cuota de empleo en las posiciones asignadas al personal docente e investigador.

Esta obligación, señala, debe ser efectuada por las universidades mediante la implantación de los procesos apropiados, adaptando la normativa de función pública a las peculiaridades de la provisión de puestos de este tipo de empleados públicos en la esfera de la educación superior.

Además, continúa, “los procesos de las universidades han de dirigirse a que la cuota se haga efectiva, no a exonerarse de ella o a convertirla en irrelevante, pretextando dificultades administrativas que enmascaran una falta de voluntad para cumplir el mandato legal”.

Por último, el Cermi apela a la responsabilidad legal y social de las universidades públicas para que este deber, “tanto tiempo inobservado”, sea una realidad y se aprovechen todas las medidas de acción positiva para incrementar la presencia de personas con discapacidad entre el personal docente e investigador.