Un total de 1,7 millones de personas están dedicadas en el presente a la explotación agraria, tra perder medio millón de activos en la última década. Sin embargo, el 30 por ciento de los agricultores tienen edades comprendidas entre 55 y 64 años, mientras que un 40 por ciento supera los 50 años.

A pesar de esas cifras, las organizaciones agrarias achacan el poco éxito de los ceses anticipados de los agricultores a las condiciones establecidas por España para esas jubilaciones.

Entre ellas, figura la de transferir la explotación, en arrendamiento o propiedad, a otro agricultor que no sea famiiar en primer grado del titular que cesa. En cambio, sí se permite el pasarle la propiedad íntegramente a un sólo hijo en áreas en despoblamiento.

Esa medida, según COAG y UPA, provoca el rechazo entre los campesinos más proclives, ya que les obliga en la práctica a desheredar al resto de sus hijos.

La cuantía de las ayudas, aproximadamente unas 50.000 pesetas por mes, y el límite de edad a los 60 años son otras de las causas que, en menor medida, influyen en el poco éxito que consigue la oferta el cese anticipado entre los agricultores españoles.

Otro de los problemas que las organizaciones agrarias esgrimen es que las ayudas para la jubilación anticipada las cofinancia la CE, por lo que dependen de las disponibilidades presupuestarias de los estados miembros.

Así, en los países con mayor número de agricultores y peores estructuras, el gasto es más bajo que en las grandes potencias de la CE. Por eso, COAG Y UPA piden que los ceses anticipados de agricultores sean financiados íntegrament por la CE.

Para el próximo quinquenio, está prevista la dedicación de 2.000 millones de ecus (unos 260.000 millones de pesetas) en fondos del Feoga Garantía, para fomentar las jubilaciones anticipadas de los agricultores comunitarios.