Los beneficiarios de estas ayudas serán las personas, o sus familiares, que hayan sido víctimas de homicidios, delitos contra la libertad sexual (violación y estupro, etre otros) y todo tipo de robos con violencia.

Belloch explicó que, entre los objetivos de la ley, figura también que tanto en las oficinas policiales como en los juzgados se dé un trato especialmente respetuoso a quienes se han visto envueltos en sucesos de estas características.

El ministro recalcó que éste es un paso más en la solidaridad que los ciudadanos expresan a las víctimas de delitos particularmente traumáticos, a fin de hacerles ver que la sociedad está con ellos.

El proyecto de ey establece un catálogo de ayudas, según las consecuencias del delito sufrido, y señala que las víctimas de violación reciban tratamiento siquiátrico a cuenta del Estado.

Según el texto, las víctimas que sufran como consecuencia de un delito una incapacidad permanente podrán cobrar entre 2.508.000 y 8.151.000 pesetas en función de unos baremos.

Los afectados por una incapacidad permanente cobrarán el doble del salario mínimo interprofesional "después de transcurridos los seis primeros meses" de sa situación. En caso de muerte de la víctima, la ayuda máxima a percibir será de "ciento veinte mensualidades del salario mínimo interporfesional vigente en la fecha en que se produzca el fallecimiento", es decir, 7.524.000 pesetas según el SMI actual de 62.700 pesetas mensuales.

El texto señala que, "de producirse lesiones invalidantes, la cantidad a percibir dependerá del grado de incapacitación de acuerdo con la siguiente escala":

"a) Incapacidad permanente parcial: cuarenta mensualidades" (2508.00 pestas con arreglo al SMI actual) b) "Incapacidad permanente total: sesenta mensualidades" (3.762.000 pesetas) c) "Incapacidad permanente absoluta: noventa mensualidades" (5.643.000 pestas) d) "Gran invalidez: ciento treinta mensualidades" (8.151.000 pesetas)

Estas cantidades podrán ser corregidas con coeficientes que dependerán de la situación de la víctimas o sus herederos y del número de personas que dependieran económicamente de ella.

DELITOS CONTRA LIBERTAD SEXUAL

Además, el proyect de ley contempla "en los supuestos de delitos contra la libertad sexual que causaren a la víctima daños en su salud mental, el importe de la ayuda sufragará los gastos del tratamiento terapéutico libremente elegido por ella".

La normativa establece que las ayudas públicas se destinarán a aquellos casos en los que el resultado del delito sea la muerte, lesiones corporales graves o daños graves en la salud física o mental.

El texto excluye expresamente a las víctimas del terrorismo, que se rigen pr una normativa especial más favorable, y a quienes tengan contratados seguros privados que cubran esas eventualidades.

BENEFICIARIOS

Según el proyecto de ley, podrán acceder a estas ayudas los directamente afectados como víctimas de crimenes violentos y en caso de muerte, el cónyuge, los hijos o los padres que dependieran económicamente de la persona afectada. Esta norma rige para todos los españoles, los ciudadanos de la Unión Europea y los residentes en España.

Ninguna de estas ayudas será cmpatible con la percepción de indemnizaciones por daños y perjuicios establecida en una sentencia judicial.

El proyecto de Ley contempla la posibilidad de conceder ayudas provisionales con anterioridad a que se produzca una sentencia firme, siempre que quede acreditada la precaria situación económica de la víctima o de sus herederos. Esta dotación no podrá ser superior al 80% del importa máximo de la ayuda.

COMISION NACIONAL DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS

Las dotaciones serán gestionadas por el Mnisterio de Economía y Hacienda. Justicia creará una Comisión Nacional para la Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos encargada de resolver las impugnaciones de las resoluciones del Ministerio de Economía sobre las ayudas.

La Comisión estará presidida por un magistrado del Tribunal Supremo e integrada por representantes de la administración general del Estado y, en su caso, por organizaciones de defensa de las víctimas.

El texto establece que las autoridades policiales recojan todos los dtos sobre el delito con celo y con respeto a la situación personal y a la dignidad de la persona afectada. Asimismo, el ministerio fiscal cuidará de proteger a la víctima de "toda publicidad no deseada".

Contempla también la creación de una red de oficinas de Asistencia a las Víctimas en aquellas sedes de juzgados y tribunales "en las que las necesidades lo exijan y en la medida en que las posibilidades económicas lo permitan".

En ningún caso podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas ue hubieran contribuido directa o indirectamente a la comisión del delito, aquellos que fueran miembros de organizaciones delictivas o en el caso de que el fallecido estuviera incurso en un proceso por alguna de las dos causas anteriormente citadas.