El portavoz de la UPF, Antonio Camacho, declaró a Servimedia que "dentro del cargo de fiscal jefe está la necesidad de analizar si lo que están imponiendo, aun cuando sea el fiscal general del Estado, es conforme a la legalidad vigente"

A su juicio, los fiscales deben pensarse el actuar según indica Cardenal, "sobre todo porque el fiscal general del Estado no proporciona ningún argumento" para que deban ser remitidas de inmediato a los juzgados las investigaciones sobre las protestas ante las sedes populares.

A este respecto, Camacho destacó que "en ninguna institución del Estado basta el ordeno porque ordeno y el ordeno y mando", al tiempo que añadió que la propia ley establece que es el propio fiscal el que debe valorar si un conducta es delictiva.

Añadió que la instrucción de Cardenal está "vacía de cualquier justificación" y "no proporciona ningún argumento", sino que simplemente pide que sean enviados a los juzgados los expedientes sobre las concentraciones ante sedes del PP.