En este puto, añadió que las reformas institucionales que llevan la práctica totalidad de los partidos de la oposición en sus programas electorales "obligarían a ir en una dirección para restablecer unos equilibrios que ya tenemos".

Rato pidió que se valore "la importancia de nuestra estabilidad política", sustentada en la Constitución de 1978, que ha dado "muy buenos frutos", una estabilidad "no conocida en decenios" y la oportunidad a formaciones políticas de todo signo a desarrollar sus propuestas.

UNIDAD NTERNA

Pero la estabilidad no es sólo importante a efectos institucionales, sino también en el seno de los partidos políticos, continuó Rato, que no llegó a citar en ningún momento a ninguna formación.

Las organizaciones políticas deben ser "transparentes y democráticas, pero también estables", de forma que resuelvan "primero" sus problemas internos antes de lanzarse a afrontar los del país.

Los programas políticos y económicos deben ir conciliados en el seno de las formaciones políticas, yaque lo contrario "sería una tragedia para el país".

Ante las propuestas de reformas de Estatutos de Autonomía, como la que se avanza para Cataluña, Rato replicó que la soberanía nacional reside en el Congreso de los Diputados, y el que una formación política tenga "gran representación" en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma "no le confiere soberanía nacional".

"No nos vamos a plantear reformas constitucionales", prosiguió Rato, quien, preguntado por la postura del PSOE, contestó que "hast donde yo sé, es la misma".

Rato defendió las políticas de desarrollo regional puestas en marcha por el PP, citando la puesta en marcha de infraestructuras de carácter transversal o el inicio de las obras del Plan Hidrológico Nacional (PHN).

"Eso son políticas regionales, y se están haciendo", prosiguió el vicepresidente, para quien "otra cosa" es lo que sucede con quienes han logrado la totalidad de sus objetivos "es una muestra de insatisfacción".

Recordó que hay comunidades autónomas en ls que el 80% de sus ingresos dependen de las decisiones de su propio Parlamento y sólo no tienen capacidad de actuación sobre Defensa, Política Exterior y Seguridad Social.