Esta es una de las propuestas inluidas en un documento elaborado por UGT ante las elecciones generales del próximo 14 de marzo, que fue presentado por Méndez hoy en Madrid.

La Inspección de Trabajo deberá avalar que un empresario no puede cumplir la reserva del 2% de sus plazas para discapacitados para que éste pueda utilizar las medidas alternativas que hoy establece la ley, caso de contratar determinados servicios a empresas que sí cumplan dicho criterio.

UGT pide, además, que se incrementen las subvenciones para la adaptació del puesto de trabajo, conforme a las necesidades de cada persona, y la adaptación del entorno laboral para favorecer el acceso del discapacitado.

En cuanto a la labor de los Servicios Públicos de Empleo, el sindicato ve "imprescindible" el desarrollo y una mejor conexión entre las ofertas de empleo que realizan las empresas para discapacitados y los trabajadores en paro.

LISTADO

Para ello, los Servicios Públicos de Empleo "deberían disponer de un listado actualizado y centralizado de los trabjadores con discapacidad, en el que se contemplen las capacidades de cada trabajador, informando a las empresas sobre las ayudas públicas existentes para su contratación y la adaptación de los puestos de trabajo".

En caso de que no haya trabajadores adecuados para un determinado puesto, se debe trasladar la oferta a los Centros Especiales de Empleo, a fino de poder incorporar al mercado laboral ordinario a aquellos trabajadores que han realizado un proceso de formación y adaptación en estos centros. Las Administraciones Públicas (que deben reservar el 3% de sus empleos a discapacitados) no podrán acogerse a las medidas alternativas, sostiene UGT. En cualquier caso, "es preciso que las pruebas de selección se adapten a las distintas capacidades, prestando especial atención al tipo de pruebas que se realicen para asegurar que se presentan en formatos accesibles para los trabajadores con discapacidad".

"Es preciso que se establezcan mecanismos de control y, a la vez, que se impongan sanciones en quellas empresas que estén obligadas al cumplimiento de la cuota", para lo cual "se debe dar un impulso de actuación" a la Inspección de Trabajo.

UGT reclama, en todo caso, participar y negociar las políticas de empleo que puedan afectar a los discapacitados.