El programa electoral de la coalición liderada por Gaspar Llamazares incluye un "drástico incrementoen la producción de vivienda de protección oficial", hasta construir 80.000 al año, 350.000 en la próxima legislatura y 800.000 a lo largo de la década.

Con ello, pretende que la cuota de mercado de este tipo de vivienda se estabilice en la banda del 40 al 50 por ciento del total de viviendas construidas. Además, la que propone IU "no es una vivienda protegida cualquiera", sino que debe cumplir determinadas características.

Para IU, estas viviendas mantendrán siempre su calificación, sólo se cedeán en superficie pasados 75 años, y con un precio máximo fijado entre los 60.000 a los 120.000 euros, o en alquiler, con una renta media de entre 90 y 180 euros mensuales.

Estos inmuebles se adjudicarán por sorteo entre los solicitantes, primando a los menores de 35 años, personas con discapacidad, familias monoparentales, víctimas de violencia de género, familias numerosas y otros colectivos necesitados de especial tutela pública.

La lucha contra el fraude en materia de vivienda protegida es otr elemento clave de la política de vivienda para IU, mediante el derecho de tanteo y retracto ante operaciones fraudulentas, un régimen sancionador y la expropiación basada en la función social de la propiedad.

MÁS ALQUILER

IU se compromete también a lograr que el 40 por ciento de las actuaciones en materia de vivienda pública estén destinadas a alquiler, que deberán alcanzar las 128.000 en la próxima legislatura y las 320.000 hasta 2014.

A fin de poner en marcha estas promociones, la coalición uiere crear cupos legales de suelo obligatoriamente destinado a vivienda pública, nunca inferiores al 50 por ciento de los proyectos de desarrollo urbanístico, y Patrimonios Públicos de Suelo en el ámbito autonómico y municipal.

Propone también nuevas fuentes de financiación, como los acuerdos de las Administraciones Públicas con entidades privadas, especialmente las cajas de ahorros, para incentivar a la participación en estas operaciones.

En cuanto a las viviendas vacías, además de gravarlas ficalmente "de forma severa", aboga por crear agencias públicas autonómicas de alquiler que obtengan el usufructo temporal sobre éstas a precios de mercado para realquilarlas a precios sociales.