Las ofertas electorales de la coalición liderada por Gaspar Llamazares incluyen, en lo que la coalición define como "un contrato social con la ciudadanía", una serie de iniciativas destinadas a impulsar los servicios sociales como prioridad básica de las políticas de bienestar.

IU quiere que 50.000 personas con discapacidad más puedan acceder a los servicios de ayuda a domicilio, y que la Ley de Atención a la Dependencia contemple el desarrollo de sistemas de apoyo fexibles para familiares que cuiden a estas personas.

Además, plantea crear 15.000 nuevas plazas residenciales públicas, de gestión directa o concertada, y 10.000 de estancia diurna en centros ocupacionales y de atención a minusválidos físicos o psíquicos. También apuesta por desarrollar sistemas de comida y lavandería a domicilio.

Igualmente, reclama la descentralización de los servicios sociales de atención primaria en el plazo máximo de dos años, crear un Consejo Estatal de Bienestar Social ampiamente representativo y regular los derechos y deberes de las personas dependientes gravemente afectadas.

Izquierda Unida apuesta por impulsar la integración laboral de las personas con discapacidad y su acceso al sistema educativo, en los procesos de formación profesional, continua y universitaria, así como reducir los plazos para la supresión de las barreras arquitectónicas y de comunicación.

MAYORES

Por lo que respecta a las personas mayores, IU quiere "mejorar su calidad de vida con incentvos que promuevan el acceso al transporte, a la cultura", y fomentar su participación ciudadana a través de la generalización de los Consejos de las Personas Mayores en todos los ámbitos territoriales.

Asimismo, propone unificar los criterios de ingreso en las residencias públicas, dando prioridad a quienes estén en situación de mayor necesidad por su dscapacidad, ingreso, vivienda, aislamiento personal y otras consideraciones.

La creación de 42.000 nuevas plazas residenciales para personas asistdas mayores de 65 años, y 75.000 más de carácter público, ya sea de gestión directa o concertada, con personal cualificado y suficiente, no masificadas y no alejadas de los núcleos de población, son otras de las medidas incluidas en este programa.

También dice que aumentará en 155.000 los usuarios de ayuda a domicilio, que creará 50.000 nuevas plazas de estancia diurna -el 75 por ciento públicas- y que extenderá la teleasistencia al 50 por ciento de las personas mayores de 80 años, el 30 por ciento delas mayores de 75 y el 10 por ciento de las de 65.

Por último, quiere poner a disposición de las personas mayores 17.000 plazas en viviendas tuteladas de carácter público, y desarrollar, como en el caso de las personas con discapacidad, sistemas de comida y lavandería a domicilio que puedan beneficiar a 70.000 usuarios.

A fin de cubrir esta demanda, IU quiere crear, previo acuerdo con las comunidades autónomas, 150.000 puestos de trabajo con salario directo a cargo del Estado para el cuidado en csa de los mayores que lo necesiten.

MAS GASTO SOCIAL

Izquierda Unida incluye en su programa electoral las condiciones necesarias para poder asumir estos compromisos, que pasan por un incremento del gasto social hasta alcanzar la media comunitaria, siete puntos por encima de la española, lo que supone contar con 45.000 millones de euros menos.

Para ello, IU quiere incrementar en un 1 por ciento del PIB anual el porcentaje de gasto público, de modo que en dos legislaturas se haya equiparado al counitario, y apuesta por lograr que a finales de esta legislatura la inversión pública en protección social alcance el 24 por ciento del PIB.

Este incremento del gasto público se cinseguiría introduciendo criterios más flexibles de estabilidad presupuestaria pero, sobre todo, con un incremento de la presión fiscal a las rentas más altas y la reforma de los tributos para hacerlos más justos y progresivos.

De esta forma, IU resalta que se podría consolidar y mejorar el sistema público de pensiones, stablecer la pensión mínima de viudedad para mayores de 65 años en el 70 por ciento de la base reguladora y situar las no contributivas de invalidez y jubilación en el 75 por ciento del SMI.

Aprobar una ley básica de rentas mínimas de inserción social, equivalente al 90 por ciento del SMI, que quiere situar en 660 euros; incrementar las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo, y aprobar una Ley Básica de Servicios Sociales y el Catálogo de Prestaciones de servicios sociales públicos son oras de sus iniciativas.