En un comunicado, CSI-CSIF defiende la existencia de un Estatuto que consiga reformar la función pública, garantizando un mejor servicio a los ciudadanos y mejorando la situación del personal de los servicios públicos.

Para el sindicato, la reforma de las administraciones es una demanda social "absolutamente justificada" para dotar a los sevicios públicos de "agilidad, eficacia, transparencia, continuidad, neutralidad y responsabilidad".

El Estatuto de la Función Pública estaba listo para su aprobación a finales de 1995, pero la disolución de las Cámaras dio al traste con este proyecto. Ahora, una comisión puesta en marcha por el Ministerio de Administraciones Públicas trabaja en la redacción de un nuevo estatuto.