Según explicó durante una mesa redonda organizada por el Circle D’Economía, hay preocupación por no delegar el diseño o la fijación de aquellos que puedan generar descoordinación y es lo que “provoca, por ejemplo, que el Impuesto de Sociedades no sea un impuesto que sea óptimo para descentralizarlo”.
“Hay que identificar aquellos impuestos que, efectivamente, pueden generar problemas de competencia y, evidentemente, esos armonizarlos completamente. Pasa también a nivel europeo, por supuesto; pero en los otros yo creo que es importante guardar margen de actuación por parte de las comunidades autónomas”, argumentó.

La razón para mantener competencia impositiva en manos de las regiones, y sobre la que estimó que hay “consenso” entre los analistas económicos del país, es que existe “una asimetría” entre la capacidad normativa en materia fiscal de las autonomías y el elevado gasto público que soportan al tener delegadas competencias en materia como la sanidad o educación.

“Sería deseable aumentar esa capacidad normativa para que precisamente también los ciudadanos percibieran la ligazón entre lo que es el gasto público y la financiación de los mismos”, argumentó. Hay tributos donde, resumió, “el margen discrecional por parte de las comunidades autónomas no solamente es posible, sino que además es deseable desde el punto de vista de la optimalidad de una combinación de unas capacidades muy altas en el gasto público con, ahora mismo, unos niveles de discrecionalidad en los ingresos muy, muy reducidos”.

Durante su intervención, Hernández de Cos volvió a insistir en la oportunidad de acometer las reformas que precisa el país para encarar problemas estructurales aprovechando los fondos que llegarán de Europa, y emplazó de nuevo a elaborar ya un plan de consolidación fiscal plurianual para reducir déficit y deuda cuando la economía se recupere.

A preguntas del presidente de CaixaBank, Jordi Gual, admitió que reducir el fuerte endeudamiento y el déficit fiscal que dejará la crisis por las medidas aprobadas para proteger rentas y al tejido productivo pasa por reforzar el crecimiento económico y la consolidación fiscal.

Una situación que exige reformas que “no son muy populares y, por lo tanto, son de difícil implementación”, pero abogó por encararlas con un “poco de didáctica” en la explicación de lo que se perseguirá. “¿No es más impopular tener un bajo crecimiento, una alta tasa de paro y unos niveles de desigualdad elevados porque al menos estos niveles de productividad son bajos? (…) ¿Cuáles son los costes de la inacción en términos de tasa de paro, de persistencia de tasa de paro, de temporalidad…?”, reflexionó.

Al respecto alertó de que factores como la temporalidad, que afecta “esencialmente” a los jóvenes, tiene “muchísimos efectos persistentes en el ciclo vital con posterioridad” ya que a los jóvenes les cuesta luego recuperar los niveles de salarios y eso influye en la productividad y el crecimiento económico.

“A lo mejor hay que hacer mucha más didáctica sobre este tipo de cuestiones para que precisamente las reformas tengan mejor venta”, indicó, persuadido de que las reformas precisan del mayor apoyo posible para acometerlas a lo largo del tiempo y también el programa de consolidación fiscal porque sanear las finanzas públicas puede comprometer hasta una década.

Sin querer pronunciarse sobre la capacidad del arco político para alcanzar acuerdos con tanta transcendencia cuando incluyen medidas impopulares, sí instó a utilizar parte de los fondos que llegarán de Europa para financiar los costes de transacción de las reformas.

“Las reformas estructurales no se hacen muchas veces, a pesar de que benefician a un colectivo muy, muy amplio de los ciudadanos porque perjudican a un grupo muy reducido que además identifica muy claramente los costes que tiene para ellos y se moviliza muy rápidamente, haciendo un lobby en contra de la reforma estructural y la paraliza”, explicó.