El documento, votado por unanimidad, también recoge el impulso, trabajando junto al Gobierno central al máximo nivel, de medidas que pongan en valor ante los nuevos compradores de los aspectos socioeconómicos que justifican plenamente el futuro industrial de la planta de Figueruelas y sus empresas auxiliares.

Además, acordaron dirigirse al Gobierno de España para que éste defienda ante la Unión Europea la necesidad de coordinar todos los esfuerzos de los países afectados, tratando de evitar la preponderancia de cualquiera de ellos a la hora de negociar aspectos que afectan al empleo.