La asociación le atribuía estos delitos por su supuesta responsabilidad en la asignación a miembros de las Fuerzas Armadas de cuatro de las quince plazas ofertadas en marzo de 2007 en la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, pese a que en la base IV de la convocatoria se establecía que sólo podían concursar a las mismas los funcionarios en activo del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

La Asociación Profesional Unión de Oficiales de la Guardia Civil alegó que, por lo tanto, no podían ser nombrados para las referidas plazas los cuatro militares que se reseñan en la querella, que también iba dirigida contra el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho.

INDICIOS INSUFICIENTES

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió el 14 de septiembre de 2010 inadmitir a trámite la querella debido a "la patente falta de indicios de actividad delictiva".

Los magistrados, presididos por Juan Saavedra, han reiterado en un auto hecho público hoy estos motivos y han decidido rechazar el recurso de súplica interpuesto por la Unión de Oficiales.

La resolución hecha pública hoy indica que los nuevos argumentos aportados en el recurso de súplica no son suficientes para desvirtuar la resolución de septiembre pasado.

Los magistrados reiteran que no existen indicios de que Rubalcaba “fuera guiado a la hora de resolver el concurso por el ánimo de dictar una resolución a sabiendas de que era palmaria, clamorosa y manifiestamente injusta”.