Bravo, que compareció en el Pleno de hoy a petición del Grupo Municipal Socialista, explicó que hay argumentos jurídicos y doctrinales que respaldan la legalidad de la Ordenanza, y confió en que sean válidos porque el nuevo modelo de gestión se ha implantado con normalidad.

Destacó que en casi un año se han reducido los costes de tramitación y los tiempos, pues se responde en 15 días o menos de un mes, en lugar de un año, a las solicitudes de licencia de los ciudadanos que desean iniciar o modificar su negocio.

Respecto a la vulneración del artículo 18 de la Constitución, que reconoce los derechos a la inviolabilidad del domicilio; el delegado insistió en que no es "usual" que las instalaciones destinadas a las actividades contempladas en la Ordenanza entren dentro del concepto constitucional de domicilio. “Sin embargo”, precisó, “si en algún caso fuera así, la Ordenanza ni niega ni cuestiona que el personal acreditado de las Entidades Colaboradoras de Licencias Urbanas (ECLU) acceda a las instalaciones respetando las cautelas y garantías constitucionales”.

Por lo que se refiere al artículo 24 de la Constitución, que reconoce los derechos a la tutela judicial efectiva, Bravo aseguró -frente a lo que recogen las sentencias- que si el interesado precisa una respuesta municipal cuando pretenda obtener una licencia, la tendrá.

Por su parte, Viondi pidió a Bravo que “no pretenda pasar por el más listo de la clase cuando el profesor le ha suspendido”, poniendo de relieve la justicia que la Ordenanza es “una chapuza legislativa”. Indicó que los responsables del Consistorio han sido “malos gestores” e insistió en que la aprobación de esa norma fue “el primer camino para tapar el ‘caso Guateque!”.

“La pegatina de la excelencia se les cae de la solapa. Tienen siete sentencias en contra. No generen más inseguridad jurídica y paralicen el proceso”, espetó el edil socialista.