Este acuerdo da continuidad a los trabajos desarrollados el año pasado, que concluyeron con un informe en el que se propone reducir 59 trámites que permitirían a las empresas ahorrar 778,4 millones de euros, según informó el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública en nota de prensa.

El acuerdo para el año 2011 se centrará en la identificación de las obligaciones más gravosas para los empresarios e incluye la realización de un estudio comparativo de los trámites derivados de la normativa del Estado y las comunidades autónomas en materia de medio ambiente.

El objetivo de este estudio será el de mejorar la coordinación entre ambas legislaciones, para así identificar las mejores prácticas en este ámbito y simplificar la gestión pública.

Con este convenio se continúa el proceso iniciado en el año 2007, cuando se firmó el acuerdo marco de colaboración (plasmado en un primer convenio en 2009), que ha permitido hasta ahora identificar más de 200 cargas administrativas que podrían simplificarse.

Así, en el último paquete de reducción de cargas administrativas, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre, se incluyeron 46 propuestas empresariales que representan un ahorro anual de 708 millones de euros.

Desde el año 2008, cuando se aprobó el plan de acción para la reducción de trámites, el Gobierno ha puesto en marcha 247 medidas, que han supuesto un ahorro a empresas y ciudadanos de más de 4.300 millones de euros.