“Muchas de ellas además conocen a su agresor pues es una persona de su entorno”, agregó el profesor, quien instó a tener en cuenta estas agresiones a la hora de conceder los permisos de asilo, asunto que su libro “El derecho de asilo frente a la violencia de género" aborda en profundidad.

Según apuntó Kahale Carrillo, cuando en los años 50 los estados firmaron la declaración de Ginebra “nada de esto se contemplaba” y “el concepto de refugiado se concebía desde un punto de vista patriarcal, con lo que razones como los matrimonios forzosos, el uso de las violaciones como arma de guerra, la trata de personas, la violencia doméstica, los crímenes de honor o los conflictos de dote eran obviados”.

Se concedían “tarjetas de residencia por razones humanitarias”, explicó, y esta fue la situación en España hasta que en enero de 2009 se modificó la ley de Asilo y se reconoció la persecución por motivos de género.

Así, el autor analiza en este libro casos desde 1999 a 2009, año en que ya funcionaba la nueva norma.

“Fue un gran avance y de momento supone poner en práctica las previsiones de la Ley de Igualdad, que hasta entonces se aplicaba con algunas limitaciones en lo tocante a las mujeres refugiadas, resaltó el autor.

Gracias a ella, "se ha mejorado la protección y se produjo un aumento muy considerable en el número de solicitudes por esta causa”, declaró, con 149 peticiones solo en 2009.

De éstas, explicó que 70 procedían de mujeres víctimas de violencia conyugal, matrimonios forzosos, violaciones o tráfico, mientras que el resto fueron presentadas por personas que alegaban ser perseguidas por su orientación sexual.

A juicio de Kahale Carrillo, la ley es un gran avance y muy positiva, pero, de momento, hay que esperar.

Todavía no se han desarrollado los reglamentos para que pueda aplicarse con plenitud”, agregó, y además “habrá que ver cuántas mujeres prueban realmente la persecusión y consiguen el permiso”, apuntó

En cualquier caso, el profesor señala en su libro que “todavía queda mucho por hacer”, y ofrece una serie de recomendaciones a los agentes jurídicos y a las ONG para mejorar la atención y el tratamiento de estas mujeres.

Lo primero es que sean atendidas “de oficio” por otra mujer, a fin de que se sientan en un ambiente cómodo y puedan explicar su caso, explicó, y precisó que esto afectaría tanto a las funcionarias (psicólogas, personal sanitario, asistentes sociales…) como a las intérpretes que trabajan con ellas.

Asimismo, recomendó formar al personal funcionario sobre la persecución por motivo de género, simplificar la burocracia y acelerar la resolución de los expedientes, que “en ocasiones ven la luz demasiado tarde”.

En este sentido, convendría recopilar información sobre el grado de protección a la mujer (leyes, costumbres, ect.) del país de origen de la solicitante”, para formarse una mejor idea de su situación, concluyó.