En su intervención en el debate sobre el estado de la comunidad en el Parlament balear, Antich, sin mencionar el “caso Palma Arena”, y otros que son investigados judicialmente, habló de la necesidad de “mejorar el engranaje administrativo y el seguimiento económico de este sector público para poder detectar a tiempo cualquier problema”.

A propósito de los distintos casos que están actualmente en manos de los jueces por presunta mala gestión de fondos públicos y enriquecimientos ilícitos, Antich recordó que “hemos aumentado los controles” sobre la gestión de este dinero en las consejerías, donde hay un interventor en cada una de ellas que aporta más control en los procedimientos y en la fiscalización del gasto.

Pero insistió en que el marco de relaciones entre la administración y las empresas que operan para ella debe sufrir una “transformación”. En este sentido, avanzó que su gobierno ya tiene prácticamente terminado un proyecto de ley del sector público que, como administración instrumental, “tiene que combinar la eficacia y la agilidad con el control”.

“El objetivo”, dijo, “es transformar y configurar un sector público transparente en la gestión de los intereses colectivos, que ha de estar presidida por los criterios de buen gobierno”.

Agregó su interés por “ofrecer a la ciudadanía las máximas garantías de que los recursos públicos se utilizan con rigor extremo, honestidad y eficacia y que no se reproducirán situaciones como las que desgraciadamente han salido a la luz pública”.

Concluyó señalando la oportunidad de que en las próximas semanas “se hable a fondo de este tema y, una vez escuchados todos los grupos, y pactada la ley, tramitarla”.