Según se desprende de los datos de este trabajo, el principal ámbito de consulta sigue siendo el empleo (26%), que se mantiene en números absolutos pero que baja en porcentaje, debido a la mayor diversidad de motivos de dudas.

Muy de cerca le sigue la atención sanitaria, con un 23% de los casos. La administración (10%), el acceso a seguros (9%), el bienestar social (7%) y la vida familiar (7%) también figuran entre los principales campos de duda llegados a este observatorio en 2010.

Otro aspecto "de importancia" para facilitar al máximo el acceso a este servicio, dice el observatorio, es determinar quién toma la decisión de comunicarse con él para denunciar un caso de discriminación o vulneración de derechos.

Pues bien, la gran mayoría de veces es el afectado (67%) quien contacta con la asesoría, aunque también en muchos casos son los profesionales de las ONG (17%), amistades o familiares (10%) o incluso personal médico o de asistencia social (incluidos en Otros, 4%).

El informe precisa que el año pasado se recibieron casos de 15 comunidades autóno­mas y una ciudad autónoma, destacando mayor número de consultas en las zonas más pobladas (Cataluña, Madrid, Andalucía, Canarias y Valencia) y que la media de edad de los atendidos fue de 39 años, 36% mujeres y 64% hombres, con un 10% de población inmigrante.

Puesto que el empleo sigue siendo el principal ámbito de discriminación hacia las personas con VIH, el observatorio considera "imprescindible" que el Gobierno impulse la Recomendación 200 de la Organización Internacional del Trabajo de 2010, que afirma, entre otros aspectos, que "no se debería exigir a ningún trabajador que se someta a una prueba de detección del VIH ni que revele su estado serológico respecto del VIH".

En la misma línea, el observatorio exige a las compañías aseguradoras que cubran con sus pólizas a afectados por VIH, "teniendo en cuenta las circun­stancias de cada una, tal y como hacen por ejemplo con personas fumadoras, no basando la concesión o denegación de la póliza en prejuicios".